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Poder Ejecutivo Nacional
HIDROCARBUROS - CONDICIONES PARA LA
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN PLATAFORMA CONTINENTAL
ARGENTINA
Decreto (PEN) 868/26. Del 3/9/2026. B.O.: 4/9/2026. Hidrocarburos.
Designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.659. Modifica los
Decretos 749/24 PEN y 1057/24 PEN.
Ciudad de Buenos Aires, 03/09/2026
VISTO el Expediente N° EX-2026-85307829-APN-DGDA#MEC, las Leyes Nros.
19.549, 26.659 y 27.742, el Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y el Decreto N° 749 del 22
de agosto de 2024 y sus respectivas normas modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la disposición transitoria Primera de la CONSTITUCIÓN NACIONAL
se establece que “La Nación Argentina ratifica su legítima e
imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes,
por ser parte integrante del territorio nacional”.
Que mediante la mencionada disposición también se dispone que “La
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía,
respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los
principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente
e irrenunciable del pueblo argentino”.
Que, por lo tanto, el ESTADO NACIONAL tiene la obligación de llevar
adelante todas las acciones necesarias para recuperar el ejercicio pleno
de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Que el H. CONGRESO DE LA NACIÓN sancionó la Ley N° 26.659 y su
modificatoria N° 26.915 por medio de las cuales se establece que la
exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental
Argentina solo podrán realizarse observando las condiciones establecidas
por dicha ley y demás leyes y reglamentos vigentes.
Que por el artículo 2° de la mencionada norma “Se prohíbe a toda persona
física o jurídica, nacional o extranjera, que realice o se encuentre
autorizada a realizar actividades en la REPÚBLICA ARGENTINA y sus
accionistas a: 1. Desarrollar actividades hidrocarburíferas en la
Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación
pertinente emitida por autoridad competente argentina; 2. Tener
participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o
extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la
Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación
pertinente emitida por autoridad competente argentina, o que presten
servicios para dichos desarrollos; 3. Contratar y/o efectuar actividades
hidrocarburíferas, transacciones, actos de comercio, operaciones
económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de
consultoría y/o asesoría, ya sea a título oneroso o gratuito, con
personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que
desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental
Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por
autoridad competente argentina”.
Que, por su parte, por el artículo 3° de la referida Ley N° 26.659 y su
modificatoria se establece que la Autoridad de Aplicación procederá,
previo proceso administrativo, a inhabilitar por el plazo de CINCO (5) a
VEINTE (20) años a las personas humanas o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que incumplan alguna de las prohibiciones dispuestas en el
reseñado artículo 2° y que, en caso de que la persona que viole alguna
prohibición posea concesiones hidrocarburíferas, estas se revertirán al
ESTADO NACIONAL o a los estados provinciales, según el ámbito
territorial en que se encuentren.
Que desde la sanción de la citada ley, la Autoridad de Aplicación
declaró la ilegalidad de actividades llevadas adelante en la Plataforma
Continental Argentina por DIEZ (10) empresas, declarándolas
“clandestinas” por desarrollar actividades hidrocarburíferas en
territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA sin estar habilitadas para ello por
las autoridades nacionales competentes.
Que también se ha dispuesto la inhabilitación de ciertas empresas, en
los términos del mencionado artículo 3° de la Ley N° 26.659 y su
modificatoria.
Que en el último tiempo, distintas personas humanas o jurídicas
comenzaron a desarrollar de manera ilegítima actividades vinculadas con
la exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos
circundantes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
parte integrante del territorio nacional argentino.
Que tales actividades se enmarcan en la existencia de una disputa de
soberanía reconocida por la comunidad internacional y resultan
incompatibles con la Resolución 31/49 de la ASAMBLEA GENERAL DE LAS
NACIONES UNIDAS que insta a la REPÚBLICA ARGENTINA y al REINO UNIDO DE
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE a abstenerse de adoptar decisiones que
entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación
mientras se encuentre pendiente el proceso de negociación instado por
dicho organismo.
Que la explotación de recursos naturales no renovables en los espacios
marítimos correspondientes a la Plataforma Continental Argentina sin la
debida autorización de la autoridad argentina competente compromete
intereses estratégicos de la REPÚBLICA ARGENTINA, en tanto dichos
recursos integran el patrimonio natural de la Nación y su
aprovechamiento se encuentra sujeto al ordenamiento jurídico argentino y
a las competencias de las autoridades nacionales.
Que frente a la persistencia y profundización de actividades ilícitas de
exploración y explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, corresponde fortalecer y dotar de mayor celeridad,
eficacia y coordinación al procedimiento administrativo destinado a
determinar la eventual responsabilidad de las personas humanas o
jurídicas alcanzadas por la Ley N° 26.659 y su modificatoria.
Que, por ello, resulta pertinente establecer reglas específicas para la
sustanciación de los procedimientos administrativos derivados de la
detección de actividades prohibidas por la Ley N° 26.659 y su
modificatoria, procurando establecer un plazo de DIEZ (10) días hábiles
administrativos para que los presuntos infractores efectúen su descargo,
y así evitar dilaciones incompatibles con la naturaleza estratégica de
los recursos involucrados y con la necesidad de una respuesta estatal
oportuna.
Que, asimismo, la adecuada aplicación de la Ley N° 26.659 y su
modificatoria requiere contar con información oportuna, completa y
sistematizada respecto de toda actividad hidrocarburífera que pudiera
desarrollarse en los espacios marítimos correspondientes a la Plataforma
Continental Argentina, en particular cuando se encuentre vinculada con
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes.
Que, por tal motivo, resulta necesario instruir a los organismos y
entidades integrantes de la Administración Pública Nacional para que
informen a la Autoridad de Aplicación cualquier hecho que pudiera
encuadrar en lo previsto en el artículo 2° de la Ley N° 26.659 y su
modificatoria.
Que dicha obligación de información permitirá fortalecer los mecanismos
de detección temprana, intercambio de información y coordinación
institucional, evitando la dispersión de datos relevantes y facilitando
la adopción de las medidas administrativas que correspondan.
Que, asimismo, la experiencia recogida en la aplicación de la Ley N°
26.659 y su modificatoria demuestra la necesidad de que la conducción de
las acciones vinculadas con su aplicación se encuentre estrechamente
articulada con la política exterior de la REPÚBLICA ARGENTINA y con la
defensa de los derechos soberanos de nuestro país sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes.
Que en atención a la naturaleza de las cuestiones involucradas, resulta
conveniente designar al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.659 y
su modificatoria.
Que la concentración de las competencias vinculadas con la aplicación de
la Ley N° 26.659 y su modificatoria en el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO permitirá fortalecer la
articulación entre las acciones administrativas de carácter
sancionatorio y la estrategia diplomática de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que, por otro lado, por el Título VII de la Ley de Bases y Puntos de
Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 se creó el RÉGIMEN
DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI), mediante el cual se
establecen, para vehículos titulares de un único proyecto que cumplan
con los requisitos allí previstos, ciertos incentivos, certidumbre,
seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de los derechos
adquiridos a su amparo.
Que los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, la estabilidad
normativa y las garantías de protección de derechos adquiridos que el
RIGI reconoce a los Vehículos de Proyecto Único (VPU) importan un
compromiso del ESTADO NACIONAL de carácter prolongado en el tiempo.
Que a los fines de otorgar mayor previsibilidad al régimen, es necesario
incluir en el procedimiento de adhesión al RIGI mecanismos que
garanticen el cumplimiento por parte de los solicitantes de las
disposiciones del artículo 2° de la Ley N° 26.659 y su modificatoria.
Que ello no constituye la inclusión de un nuevo requisito esencial dado
que la exigencia del cumplimiento con la Ley N° 26.659 y su
modificatoria ya resultaba aplicable a los Vehículos de Proyecto Único
(VPU) en función de la normativa vigente al momento de la sanción de la
Ley N° 27.742.
Que, en tal sentido, la coherencia del obrar estatal impone que el
ESTADO NACIONAL no pueda, por una parte, sancionar mediante la
inhabilitación por el plazo de CINCO (5) a VEINTE (20) años y la
reversión de las concesiones hidrocarburíferas a quienes incurran en las
conductas descriptas en el artículo 2° de la Ley N° 26.659 y su
modificatoria y, por la otra, conferir a esas mismas personas, o a
quienes participen societariamente en ellas o contraten con ellas, los
beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, la estabilidad normativa
y las garantías de protección de derechos adquiridos que el RIGI
reconoce a los Vehículos de Proyecto Único (VPU).
Que semejante contradicción importaría que el ESTADO NACIONAL otorgue
beneficios fiscales y garantías de estabilidad a quienes desconocen
activamente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
circundantes e incumplen las prohibiciones establecidas por la Ley N°
26.659 y su modificatoria, frustrando el objetivo permanente e
irrenunciable consagrado por la disposición transitoria Primera de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que, en tal sentido, corresponde exigir, entre los recaudos que debe
reunir la solicitud de adhesión al RIGI, una declaración jurada
suscripta por el representante legal del VPU en la que se consigne el
cumplimiento actual y futuro de las disposiciones de la Ley N° 26.659 y
su modificatoria, tanto por el vehículo como por las personas vinculadas
a él.
Que la verificación de los extremos declarados requiere la participación
de los organismos que cuentan con información específica sobre las
actividades desarrolladas en los espacios marítimos sujetos a la disputa
de soberanía, razón por la cual corresponde prever la intervención
obligatoria de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.659 y su
modificatoria con carácter previo a la resolución de la solicitud de
adhesión.
Que, por último, corresponde modificar la normativa reglamentaria de la
Ley N° 17.319 y sus modificatorias con el fin de exigir a todo
interesado en obtener algún permiso, concesión, autorización o
habilitación previstos en el artículo 4° de dicha ley una declaración
jurada en la que se consigne que no incurren ni incurrirán en las
conductas descriptas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659 y su
modificatoria.
Que en el caso de las personas jurídicas se deberá declarar también que
tanto ellas como las personas humanas o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que tengan algún tipo de participación directa o indirecta
en ella, no incurren ni incurrirán en las conductas descriptas por el
artículo 2° de la Ley N° 26.659 y su modificatoria.
Que lo antedicho ayudará a una mejor implementación de la referida ley y
mejorará los procedimientos administrativos pertinentes, asegurando que
no se otorguen permisos a personas humanas o jurídicas que desconocen la
soberanía nacional.
Que el dictado de la presente medida constituye un instrumento
integrante de un plan de acción integral que el Gobierno Nacional se
encuentra realizando para cumplir con la manda establecida por la
disposición transitoria Primera de nuestra Ley Fundamental y lograr
recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes pertinentes han
tomado la intervención que les compete.
Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1° - Desígnase al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.659 y
su modificatoria.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a todo organismo o entidad de la Administración
Pública Nacional a que informe a la Autoridad de Aplicación los hechos
de los que tome conocimiento que pudieran configurar alguna de las
conductas descriptas en el artículo 2° de la Ley N° 26.659 y su
modificatoria, en el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos
contados desde dicha toma de conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
medidas que correspondan en el marco de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO 3°.- El procedimiento administrativo previsto por el artículo
3° de la Ley N° 26.659 y su modificatoria se iniciará de oficio o por
comunicación de otro órgano o entidad pública de la Administración
Pública Nacional a la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación analizará si existen indicios
suficientes que permitan suponer la existencia de una conducta prohibida
por el artículo 2° de la Ley N° 26.659 y su modificatoria.
En caso afirmativo, dispondrá la apertura del sumario y procederá a
notificar al presunto infractor en el domicilio que tuviere constituido
o, en su defecto, en su domicilio real o legal conocido.
ARTÍCULO 5°.- Una vez notificado, el presunto infractor tendrá un plazo
de DIEZ (10) días hábiles administrativos para constituir domicilio
especial, presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intente
valerse.
ARTÍCULO 6°.- La Autoridad de Aplicación dictará resolución fundada
dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir
de la presentación del descargo, de vencido el plazo para presentarlo, o
de concluida la etapa probatoria si hubiere habido sustanciación. Dicha
resolución dispondrá el archivo de las actuaciones o la aplicación de la
sanción prevista en el artículo 3° de la Ley N° 26.659 y su
modificatoria, según corresponda.
ARTÍCULO 7°.- La resolución sancionatoria se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL y se notificará a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA y a los demás organismos competentes que sean identificados por
la Autoridad de Aplicación, a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN y
al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL con el fin de que realicen las acciones
legales que correspondan en el ámbito de su competencia, así como
también al infractor en el domicilio especial constituido o, en su
defecto, en su domicilio real o legal conocido.
ARTÍCULO 8°.- La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N°
19.549 y sus modificatorias y el Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y su modificatorio serán de
aplicación supletoria en el trámite de instrucción del sumario y en lo
relativo a la interposición de los recursos administrativos que resulten
pertinentes.
ARTÍCULO 9°.- Incorpórase como inciso s) al artículo 47 del Anexo I del
Decreto N° 749 del 22 de agosto de 2024 y sus modificatorios el
siguiente:
“s) cumplimiento de la Ley N° 26.659 y su modificatoria. Declaración
jurada suscripta por el representante legal del VPU, conforme a lo
establecido en la planilla anexa al presente artículo (IF-2026-85581825-APN-SE#MEC),
en la que se consigne que tanto el VPU como las personas humanas o
jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan algún tipo de
participación directa o indirecta en él no incurren ni incurrirán en las
conductas descriptas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659 y su
modificatoria”.
ARTÍCULO 10.- Incorpórase como artículo 52 bis al Anexo I del Decreto N°
749 del 22 de agosto de 2024 y sus modificatorios el siguiente:
“ARTÍCULO 52 bis.- Presentada la declaración jurada establecida en el
artículo 47, inciso s) de la presente reglamentación, la Autoridad de
Aplicación deberá requerir, en todos los casos, la intervención de la
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.659 y su modificatoria con el
fin de que se expida sobre la existencia de una conducta por parte del
VPU o alguna persona con participación directa o indirecta en él que
encuadre en alguna de las conductas prohibidas por el artículo 2° de la
Ley N° 26.659 y su modificatoria”.
ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 2° del Anexo I del Decreto N° 1057
del 28 de noviembre de 2024 por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°.- Condiciones para obtener permisos, concesiones,
autorizaciones y habilitaciones. Los interesados en obtener los
permisos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones previstos en el
artículo 4° de la Ley N° 17.319 y sus modificatorias deberán constituir
domicilio en la REPÚBLICA ARGENTINA y acreditar, ante la Autoridad de
Aplicación, conforme a la normativa vigente, lo siguiente:
a. el efectivo cumplimiento de los requisitos de solvencia económico-
financiera;
b. los estándares de patrimonio neto mínimos; y
c. la capacidad técnica adecuada.
Además, los interesados deberán presentar una declaración jurada de
acuerdo a lo establecido en la planilla anexa al presente artículo (IF-2026-85581676-APN-SE#MEC)
en la que se consigne que no incurren ni incurrirán en las conductas
descriptas por la Ley N° 26.659 y su modificatoria. En caso de que se
trate de una persona jurídica nacional o extranjera, la declaración
jurada deberá incluir que tanto ella como las personas humanas o
jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan algún tipo de
participación directa o indirecta en ella, no incurren ni incurrirán en
las conductas descriptas por la Ley N° 26.659 y su modificatoria”.
ARTÍCULO 12.- El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese.
ANEXO I (formato PDF) -
Planilla anexa al artículo 47 del Anexo I del Decreto N° 749/24 PEN -
Declaración jurada requerida previa inscripción en el registro
correspondiente
ANEXO II (formato PDF) -
Planilla anexa al artículo 2° del Anexo I del Decreto N° 1057/24 PEN -
Declaración jurada requerida previa inscripción en el registro
correspondiente |